Un breve repaso al fraude de ley en la contratación temporal, algo más común de lo que parece a simple vista

Como ya hemos señalado en múltiples y anteriores ocasiones desde este despacho profesional, la existencia de un contrato de trabajo temporal en fraude de ley suele darse de forma más habitual de lo que parece.

En consecuencia, y en respuesta a las consultas efectuadas sobre el tema en particular, hemos considerado necesario volver a recordar y a repasar, en qué consiste este fenómeno.

En primer lugar, se hace necesario conocer qué es lo que se entiende como fraude de ley. En este sentido debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 6.4 del Código Civil: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. Es decir, utilizar la ley para conseguir un resultado contrario al que la propia ley pretende.

Así pues, el recurso a las normas que permiten la contratación temporal con el propósito de eludir la contratación por tiempo indefinido, por la que el legislador muestra su decidida preferencia como instrumento eficaz para favorecer la estabilidad o continuidad en el empleo y reducir la precariedad laboral, se sanciona aplicando el precepto que se trata de evitar, esto es, el que, a falta de alguna de las causas tasadas que permiten acudir a la contratación de duración determinada, establece el carácter indefinido del contrato de trabajo.

Dos de los objetivos fundamentales de la política social comunitaria son la estabilidad en el empleo y la limitación de la contratación temporal. Para alcanzar dichos objetivos, se suscribió un Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada por las principales organizaciones interprofesionales comunitarias. Para la aplicación de dicho acuerdo se aprobó la Dir 1999/70/CE que lo incluyó como anexo.

El Estatuto de los Trabajadores (ET) cumple con la obligación de transposición de la directiva. De esta forma, siguiendo la tradición de la legislación laboral en España, consagra el principio de estabilidad en el empleo, así como numerosos convenios colectivos, dando preferencia a la contratación indefinida respecto a la temporal, admitiendo la contratación temporal sólo en supuestos tasados, en que su justifique la causa del contrato de duración determinada.

De esta forma, el art. 15 del ET, establece que el contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indefinido, o por una duración determinada, dejándose en principio, a elección de la empresa, la posibilidad de utilizar una modalidad contractual u otra. Pero seguidamente, recoge los supuestos en que pueden celebrarse los contratos de duración determinada.

Por tanto, la normativa laboral común permite la contratación por tiempo cierto, exclusivamente para atender necesidades de la empresa de corta duración, debiendo existir una correspondencia entre la naturaleza temporal del vínculo y la naturaleza temporal de la actividad o trabajo a realizar.

Como ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 20/01/03, así como en múltiples ocasiones los distintos Tribunales Superiores de Justicia, el válido acogimiento de las modalidades de contratación temporal, exige inexcusablemente que concurra la causa objetiva específicamente prevista como justificativa de la temporalidad que le es propia. En consecuencia, el pacto a acuerdo entre empresa y trabajador de celebrar un contrato temporal, no es fuente por si misma de la temporalidad del contrato, dado el carácter imperativo de las normas sobre duración temporal.

Debe tenerse en cuenta asimismo que el ordenamiento jurídico español tipifica unas causas de temporalidad, de forma que no se deja libertad a las partes para utilizar formas de contratación temporal no previstas en la normativa. Para cada necesidad temporal de contratación de la empresa, existe un determinado tipo de contrato temporal.

La determinación de la existencia de fraude a la ley en la contratación temporal constituye un delicado problema de valoración de los hechos y de calificación jurídica de carácter individualizado. Cada caso concreto  constituye un supuesto peculiar que ha de resolverse teniendo en cuenta todas las singularidades que ofrece (TCo auto 223/1985).

No obstante lo anterior, de los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia se extraen ciertas líneas interpretativas de carácter general que permitirían afirmar en cierto modo que en el ámbito de las relaciones de trabajo por cuenta ajena, el fraude de ley en la contratación temporal suele darse:

  • Por inexistencia de causa de temporalidad. La concurrencia de las causas legales de temporalidad constituye un requisito esencial de los contratos de duración determinada, por lo que su falta acarrea la nulidad de la cláusula introducida en el contrato y que la relación deba considerarse, desde su inicio, como indefinida. Así, el Tribunal Supremo ha apreciado fraude de ley en la contratación temporal, entre otros, en los siguientes casos:
    • Falta de especificación en el contrato de la causa o circunstancias justificativas de la temporalidad (STS 20/01/03, entre otras), sin que tal déficit pueda subsanarse en un momento posterior, como al acordar su prórroga (STS 13/07/09).
    • Utilización de la contratación temporal para atender necesidades permanentes de la empresa. En este caso, que es el más habitual en la práctica judicial, el fraude se vincula a la falta de correspondencia entre el trabajo realmente contratado, y el que contempla la norma de apoyo, de forma que no se cumple con la finalidad perseguida con la figura contractual utilizada y la limitación de la duración del contrato carece de cualquier justificación (STS 24/04/12, entre otras muchas);
  • Uso desviado de la modalidad elegida. En este caso, la causa de temporalidad expresada en el contrato es una causa falsa, que encubre la verdadera finalidad de poder extinguir la relación laboral antes del momento en que se debería producir; (STS 05/12/05).
  • Utilización de una modalidad  contractual inadecuada. (STS 07/12/11).
  • Superación del período máximo de duración establecido para la modalidad contractual utilizada (STS 15/09/99).
  • Falta de correspondencia entre el trabajo contratado y el efectivamente realizado, (STS 11/11/11).

Finalmente, deben tenerse en cuenta las consecuencias de la celebración de un contrato de trabajo de duración determinada en fraude de ley: El apartado tercero del art. 15 del ET, establece que “Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley”. En igual sentido se pronuncia el art. 9 del RD 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 15 del ET en materia de contratos de duración determinada.

La existencia de fraude de ley por parte del empresario en la conformación de la relación contractual conlleva la conceptuación de la relación como indefinida e impide que quien incurre en tal conducta pueda extinguir válidamente el contrato de trabajo, bien por expiración del tiempo convenido, bien por realización de la obra o servicio objeto del contrato. Si se extinguiera por tales causas y se apreciara fraude de ley, como es muy frecuente en la práctica, la extinción contractual podría considerarse un despido improcedente al tratarse en realidad, de una relación contractual no sujeta a término.

Por otra parte, la transgresión de la normativa sobre contratación temporal constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas tipificada en el art. 7.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, sancionable con multa de 626€ a 6.250€.

Departamento de Gestión Laboral

Clarís Gestió i Documentació

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